Crisis municipal por déficit de fondos
Los 339 municipios del país enfrentan un déficit presupuestario de Bs 1.446 millones por la caída en las transferencias por coparticipación tributaria hasta agosto de este año por efecto de la pandemia, y los números para 2021 son más preocupantes.
Conforme a reportes presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, entre enero y agosto de 2019 las transferencias por coparticipación tributaria a los gobiernos locales llegó a Bs 6.072 millones; sin embargo, en el mismo periodo de este año no superan los Bs 4.058 millones, es decir, se afronta una reducción del 33% (Bs 2.014 millones).
“Eso quiere decir que se está enfrentando una caída, siendo que el combate de la pandemia al coronavirus está centrado en los municipios, estar sin recursos deja en una posición precaria a los gobiernos autónomos municipales”, afirmó a La Razón el presidente de la FAM-Bolivia, Álvaro Ruiz.
Las principales fuentes de financiamiento de los municipios del país están compuestas por la Coparticipación Tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los recursos propios que genera cada gobierno, sobre todo alimentados por los tributos.
De acuerdo con la programación, al octavo mes de este año las transferencias por Coparticipación debían alcanzar los Bs 5.504 millones, pero solo llegaron a Bs 4.058 millones. Se trata de un hueco presupuestario de Bs 1.446 millones, es decir de -26%.
En ese marco, Ruiz identificó dos dificultades que atraviesan los municipios. “Primero, es el tema financiero, la caída de los recursos ha puesto en una situación difícil a los gobiernos municipales. Y en segundo lugar está la falta de coordinación con el Ejecutivo”.
Recordó que en los últimos meses la FAN envió una serie de notas a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, pero lamentablemente no se recibió ninguna respuesta. Por ello, Ruiz consideró que “las autoridades nacionales plantean soluciones parciales y parece no haber la intención de trabajar en forma conjunta para resolver los problemas relacionados a salud y educación que enfrenta la población boliviana”.
Ante la crisis, los municipios priorizan el gasto en salud y educación. “En esta pandemia, a pesar de no tener recursos, los gobiernos locales comenzaron con una asignación del presupuesto para salud del 15% (respecto al total), y a la fecha han destinado el 20% de su presupuesto. Algo que no vemos en los otros niveles de Estado”, observó el ejecutivo de la FAM.
Añadió que otra área en la cual priorizan los municipios es el aspecto productivo, considerando que la tasa de desempleo a julio alcanzó el 12%. Por tanto, subrayó que es necesario que los gobiernos locales se concentren en la inversión productiva vinculada a la generación de fuentes laborales de calidad. “No debe olvidarse que son las alcaldías las entidades más cercanas a la población”.
Y hay más nubarrones en el horizonte, según el cálculo de esta entidad que aglutina a los gobiernos locales del territorio nacional. Para 2021 se programó transferencias por Coparticipación Tributaria por Bs 5.956 millones, un 28% menos de lo proyectado para esta gestión (Bs 8.223 millones).
O sea, se proyecta una caída de -28%, que se traduce en Bs 2.267 millones. “El próximo año, los municipios enfrentarán un panorama difícil, debido a que el presupuesto total sufrirá un recorte del 21%.
En 2020 se programaron Bs 10.718 millones (por Coparticipación Tributaria e IDH); sin embargo, para 2021 se presupuestaron únicamente Bs 8.461 millones. Esto significa que habrá menos recursos para salud, educación, alimentación complementaria escolar, obras públicas, bono para las personas con discapacidad, atención a los programas que favorecen a las mujeres y niños”, detalló.
Reclamos
A menos de un mes de los comicios generales, los gobiernos municipales confían que el próximo gobierno escuche sus reclamos y asuma medidas para salir a flote de la crisis económica vigente, con el impulso a proyectos productivos en diferentes regiones del país, con la consiguiente generación de fuentes laborales.
“Esperemos que el gobierno que sea elegido en octubre de 2020 reformule el presupuesto, pues la señal que está dando el Gobierno transitorio es que la crisis continuará el siguiente año, cuando los municipios esperamos que haya una reactivación económica que beneficie a las autonomías de nuestro país”, manifestó el presidente de la FAM.
Los gobiernos municipales alertaron de la crisis en junio pasado, inclusive en varias regiones se protagonizaron marchas de protesta reclamando mayor presupuesto para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.
En esa oportunidad, la entonces ministra de Comunicación, Isabel Fernández, responsabilizó a Ruiz por las movilizaciones, asegurando que los municipios no ejecutaron su presupuesto. Asimismo, identificó a este ejecutivo por tener relación con el opositor Movimiento Al Socialismo (MAS).
Con la recesión en el país, los gobiernos locales son otro de los rostros de la afectación por la caída de los ingresos estatales. Mientras las actividades económicas intentan volver a la “normalidad”.
Municipios, con menos gastos e inversiones
Frente al déficit presupuestario de ésta y la próxima gestión, los municipios del país deberán reducir gastos e inversiones, además acudir a otras fuentes de financiamiento a nivel interno y externo para superar la falta de recursos económicos, según el economista Armando Álvarez. “Lamentablemente, la plata no crece en los árboles, es una dura realidad. Por ello, los gobiernos nos municipales tienen que hacer ajustes”, remarcó el especialista.
La caída de ingresos de los municipios por coparticipación tributaria llegó a 26% hasta agosto de este año, de acuerdo con datos de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), y se proyecta una reducción de 28% para 2021, lo cual es un claro reflejo de la contracción económica que atraviesa el país y el mundo.
Para afrontar esa realidad existen dos alternativas, la primera es reducir los gastos y las inversiones, aseguró Álvarez. “La segunda es acudir al financiamiento (interno o externo), que tiene que partir por una expectativa real de que a futuro los ingresos van a recuperarse, porque en algún momento se tiene que devolver estos recursos más los correspondientes intereses, lo cual implica que en adelante se debe contar con mayores ingresos para poder atender esas obligaciones”, complementó.
Es decir que los gobiernos locales deberán llevar adelante los ajustes presupuestarios necesarios. “El camino va por los dos lados, se tiene que hacer ajustes en los gastos y sobre todo en las inversiones. Y el otro es el financiamiento interno o externo en la medida que se pueda hacer a través de una gestión del Gobierno central”, argumentó Álvarez.
Para el economista, la falta de recursos económicos debe ser asumida entre el Gobierno y las administraciones locales, porque se trata de una “responsabilidad compartida”, donde todos aportan y asumen la situación.
“El tema no solo es una responsabilidad del Ejecutivo sino también de los gobiernos locales, porque tienen que hacer su parte.
El ajuste va por los gobiernos regionales, obviamente el Gobierno central tendrá que ayudar a impulsar en la reactivación del aparato productivo para recuperar las recaudaciones y ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo”.
Respecto de la reactivación económica regional, el experto precisó que se encuentra sujeta a las recaudaciones e ingresos propios, los cuales permitirían generar algún tipo de proyectos o acciones en ese tema. “La reactivación dependerá de las recaudaciones, que es el impuesto que pagan las empresas, principalmente, y aquí se necesita reactivar el aparato productivo para recuperar las recaudaciones que generen recursos”.
El primer semestre de 2020, Bolivia alcanzó un déficit de más de Bs 20.000 millones, una cifra que estaba prevista para todo el año y que el Gobierno transitorio optó por financiar con créditos internos y sobre todo externos.
Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, “debido a la cuarentena se ha tenido una reducción de ingresos muy significativa”, que ha paralizado varias actividades económicas. Por ello, la búsqueda de financiamiento ha provocado un conflicto entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, el primero exigiendo la aprobación de créditos externos y los asambleístas, especialmente opositores, demandando “transparencia”.
