El “microfinanciado”: beneficiario o víctima
Un estudio realizado por la CEPAL en 2009, concluía en que “claramente, la mayoría de las instituciones de microfinanzas en Bolivia operan en base a un enfoque de sostenibilidad (y no así de un enfoque impulsado por la pobreza)”. Conclusión que después de 5 años, con certeza no ha cambiado en lo esencial. Esta semana que concluye presencie la defensa de una tesis de maestría en la Universidad Andina que no solo explica similar desenlace sino que además demuestra la desprotección jurídica de los “microfinanciados”.
El negocio de las microfinanzas en Bolivia debe ser una de las actividades económicas de mayor crecimiento en los últimos 20 años. Maneja alrededor de 3.650 millones de dólares en su cartera de préstamos para atender a cerca de 750 mil clientes. Una actividad que a finales de los 80 era inexistente hoy es un sector consolidado dentro de las finanzas nacionales. Para su formación ha recibido considerables apoyos de organismos internacionales y del estado.
En claro contraste al éxito logrado por las empresas microfinancieras se encuentran los tres cuartos de millón de usuarios de este servicio. De acuerdo a la tesis mencionada, no existe una clara tipificación legal de lo que se califica como microempresario o, incluso, empresa unipersonal. Abundantemente utilizados estos términos no poseen una legislación que las respalde, particularmente en cuanto a lo que se refiere a la distinción entre el patrimonio de la empresa (micro) como tal y el patrimonio personal. O sea que si pierden el primero están perdiendo también el segundo.
Vale decir este sector que incorpora a los informales, a los más pobres de esta sociedad de pobres, que se supone acceden a un crédito para mejorar su situación económica, si por cualquier razón o riesgo, pierden en su actividad, acabarán más empobrecidos que cuando iniciaron su actividad emprendedora.
Es cierto, sin embargo, que cerca de tres cuartas partes de los beneficiarios se dedican al comercio, esto es, comprar barato para vender más caro y se puede suponer que comprando y vendiendo no hay mayores riegos de perder “el capital”. De lo que se puede estar seguro es que las microfinancieras no perderán ni el interés ni el capital.
No obstante, el fin supuestamente productivo de la actividad microfinanciera no es algo que se busca alcanzar con el ahínco con el que se encuentran prestatarios. Lo sostenible es prestar dinero a los pobres (mejor dicho a las pobres, porque la mayoría de la gente que usa este servicio está compuesto por mujeres). No así una incesante búsqueda de medios productivos que rompan la espantosa y destructiva trampa de la pobreza.
Por otra parte, y esto lo defendía otro tesista en la Universidad de San Andrés, existen casos exitosos de personas que han ido creciendo en su actividad productiva gracias a que tienen el apoyo del microcrédito y que este ha ido en ascenso de acuerdo a las necesidades que la expansión de la actividad, comercial o productiva, exigió.
Creo que es hora de hacer una profunda evaluación de los resultados del microcrédito en relación a los casos exitosos y a las formas en que se podría estar perpetuando la pobreza. De la misma manera es urgente elaborar una legislación que respalde al usuario de estos créditos y se lo visualice como real beneficiario para que deje de ser una víctima.
