ANTES DE HABLAR DE UN RETORNO DE ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE PENSIONES

En esta época electoral, los deseos de mejorar la administración del Estado y sus empresas son de extrema prioridad. Son pocas las empresas públicas que han generado utilidades, aunque esto no quiere decir, necesariamente, que esas pocas sean eficientes y transparentes. YPFB, por ejemplo, con las dimensiones de las exportaciones de gas natural que logró, también fue la empresa con mayores utilidades, incluso durante el período de la disminución de los volúmenes producidos que se inició antes de 2015. Pero, también, estuvo y está envuelta en manejos embadurnados con prácticas corruptas que deben corregirse. Por cierto, en el caso de Yacimientos y sus tratos con la empresa Botrading S.A., por ejemplo, es cuestión de poner freno en seco a los manejos de compras con sobreprecios en las contrataciones y el transporte de combustibles para ahorrarse millones de dólares a la economía nacional. 

Esto, por supuesto, significa también que las medidas a tomar se acompañen de una reformulación del marco regulador en las áreas económicas que se requieren. Asimismo, es imprescindible contar con una legislación lo suficientemente flexible para una rápida toma de decisiones, pero a la vez rigurosa en definiciones de trascendencia financiera y de gobernabilidad, para evitar que se incurran en prácticas que se encontraron en el pasado por el lado de los inversores privados. No obstante, al momento de dar un necesario giro de timón en el manejo de las empresas públicas, hay que tener presente que toda empresa privada, nacional o extranjera, no es necesariamente una garantía para que su administración sea eficiente y transparente.

Las empresas privadas en Bolivia pudieron lograr mucho más de lo alcanzado si, tan solo, las condiciones en las que se han desenvuelto en el pasado inmediato hubieran sido distintas. Sin embargo, hay sectores en los que es necesario no caer en la ilusión o candidez de pensar que porque son privadas ya de hecho son puras, transparentes y respetuosas de las leyes. Incluso desde una posición radical libertaria, como la de Miley que defiende ante todo el derecho a la propiedad privada, se ha calificado a muchos de los propietarios y gerentes de empresas privadas de “empresaurios”. Y esto por su caracterización de ser empresas que no solo viven bajo el paraguas de una protección estatal, arbitraria y deshonesta, sino también por determinados privilegios en las contrataciones que resultan en desvíos millonarios de los recursos fiscales.

Un caso representativo de un manejo impregnado de opacidad, es el de las entidades privadas encargadas de administrar los fondos de pensiones (AFP). Estuvieron a cargo de la administración de la inversión de los fondos previsionales bolivianos hasta 2021. Entre las inversiones realizadas se encuentran las denominadas STRIPS (por sus siglas en inglés de “Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities”) que entre 2014 y 2017 fueron objeto de un proceso iniciado por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS). Estos instrumentos financieros fueron comprados con sobreprecio en el mercado secundario, o sea, ya intermediados por agencias de valores. Pudieron adquirirse en el mercado primario y así generar mayor rentabilidad a los fondos administrados, pero no fue el caso. Las operaciones, cuestionadas por la APS, hicieron que se impusieran multas millonarias para sancionar a las AFP, que las defendieron como financieramente correctas, sin llegar a demostrarlo fehacientemente.

Este conflicto puso en evidencia importantes fallas en la gobernanza regulatoria del sistema de pensiones boliviano. La omisión de previsibilidad normativa, al no contar con mecanismos de calificación previa a este tipo de inversiones, dio paso a que las AFP las realizaran, aun a sabiendas de que ponían en riesgo los recursos de los asegurados al prescindir de consideraciones de maximizar la rentabilidad de los recursos ajenos administrados. La utilización de principios abstractos (como el del principio del “buen padre de familia” sin llegar a especificaciones imprescindibles) que generan ambigüedad en la interpretación de la norma, la actuación retroactiva del regulador y la ausencia de mecanismos efectivos de apelación, contribuyeron a generar un ambiente de inseguridad jurídica que comprometió la confianza en el sistema privadamente administrado y en las instituciones que constituyen su entorno financiero y de supervisión.

El retorno de administradoras privadas al sistema de pensiones exige que se considere minuciosamente el caso mencionado. Los intereses de los afiliados no pueden ponerse en riesgo con normas laxas o con intersticios que dan paso a ambigüedades. Al final, perjudican a quienes deben defender. Esta observación es, sin duda, extensiva a todos los sectores en los que se quiere tener seguridad jurídica tanto para el inversionista como para la ciudadanía boliviana.