DILEMA DEL EQUILIBRIO FISCAL: ANÁLISIS DESDE LAS PROPUESTAS ELECTORALES
Con los resultados de primera vuelta definidos y dos candidatos clasificados para la segunda vuelta, Bolivia se encuentra ante un cambio de gobierno que deberá enfrentar desafíos económicos estructurales. Ambos candidatos han coincidido en propuestas específicas: reducción de alícuotas impositivas (IVA e IUE al 10%) y ajustes en la política de subsidios a combustibles. A la vez que ambos reconocieron en sus planes de gobierno al déficit fiscal como un indicador que requiere atención prioritaria.
¿Pero qué ocurre cuando estas medidas aparentemente lógicas se implementan de manera simultánea sin considerar sus efectos cruzados? Aunque tanto la reducción de alícuotas como los ajustes en subsidios podrían justificarse individualmente, existe el riesgo real de que su implementación simultánea genere consecuencias fiscales opuestas a las deseadas. La reducción de alícuotas tributarias disminuye directamente los ingresos del Estado, mientras que los ajustes en subsidios generarán presiones inflacionarias inmediatas que, en el corto plazo, también reducirán la recaudación fiscal al contraer el consumo. En un contexto de déficit fiscal recurrente (10,2% para 2024), estas interacciones podrían alargar el desequilibrio fiscal que se pretende corregir, comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas
La economía boliviana actual enfrenta desafíos importantes: un déficit fiscal recurrente en los últimos años, presiones inflacionarias latentes, dependencia de importaciones de combustibles y una base tributaria limitada por niveles de informalidad. El déficit fiscal persistente requiere corrección, y tanto la eliminación de subsidios como otros ajustes fiscales son necesarios para restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Dado que ambos candidatos comparten estas propuestas centrales, resulta pertinente evaluar analíticamente estas medidas para optimizar su secuencia e implementación. Este análisis se centra en estas propuestas neurálgicas que, si bien no representan la totalidad de las políticas económicas propuestas, constituyen elementos centrales que requieren evaluación.
El Espejismo de la Eliminación de Subsidios como Solución Fiscal
La propuesta de ajustar los subsidios a los hidrocarburos es técnicamente correcta desde la perspectiva de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Los subsidios generalizados comprometen las finanzas públicas y su eliminación es necesaria para lograr una sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el momento y la forma de implementación de esta medida determinan su efectividad como instrumento de ajuste.
Según el Presupuesto General del Estado para 2024, inicialmente se contemplaba una subvención destinada a hidrocarburos de 5.867 millones de bolivianos para diésel oil y 3.634 millones para insumos y aditivos. Considerando el déficit fiscal de 10,2% registrado en 2024, esta subvención representa aproximadamente el 3% del déficit fiscal total. Esta proporción evidencia que, aunque la eliminación total de subsidios contribuiría a la reducción del desequilibrio fiscal, requiere ser acompañada de otras medidas para lograr un impacto significativo.
Los subsidios a combustibles comprometen la sostenibilidad fiscal y su eliminación debe efectivizarse. Sin embargo, la advertencia crucial radica en los efectos inmediatos que esta medida generará: presiones inflacionarias significativas y costos sociales concentrados en los sectores más vulnerables. El incremento en el precio de combustibles se transmitirá inmediatamente a toda la estructura de costos de la economía, desde el transporte hasta los alimentos básicos, generando una inflación que erosionará el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos.
Esta contracción del consumo no solo afectará el bienestar social, sino que reducirá la base imponible y, consecuentemente, la recaudación tributaria, creando un efecto fiscal neto menor al esperado inicialmente. La paradoja es clara: mientras se busca mejorar las finanzas públicas eliminando subsidios, simultáneamente se compromete la recaudación futura vía contracción económica.
Además, Bolivia mantiene una dependencia significativa de importaciones de combustibles, lo que implica que cualquier política de precios debe considerar la disponibilidad de divisas y los términos de intercambio. La eliminación de subsidios, si bien reduce la presión sobre las finanzas públicas, no resuelve automáticamente los desafíos de abastecimiento ni la necesidad de dólares para importaciones.
La disminución de alícuotas y el riesgo fiscal
La propuesta compartida por ambos candidatos de reducir las alícuotas del IVA e IUE al 10% debe analizarse críticamente en el contexto de sus implicaciones fiscales reales, particularmente considerando el actual resultado negativo de la balanza fiscal.
Según datos de recaudación publicados por la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales, el sacrificio fiscal resultante de estas reducciones superaría los 8.000 millones de bolivianos anuales. Esta cifra representa una pérdida significativa de ingresos fiscales que, en el contexto actual, podría agravar desequilibrio fiscal.
La justificación teórica de estas reducciones se basa en la hipótesis de que menores alícuotas incrementarían la base imponible mediante la formalización de contribuyentes. Esta argumentación se fundamenta parcialmente en la Curva de Laffer, que sugiere la existencia de una tasa óptima de tributación que maximiza la recaudación. Sin embargo, la aplicación mecánica de esta teoría ignora las condiciones específicas de la economía boliviana.
La informalidad en Bolivia responde a factores múltiples y complejos que trascienden las alícuotas tributarias. Según estudios del Fondo Monetario Internacional sobre gestión de riesgo de cumplimiento tributario, la decisión de contribuyentes de cumplir sus obligaciones depende de: la confianza pública en el sistema tributario, la conducta y cultura del contribuyente, la claridad sobre las obligaciones tributarias, y la eficiencia de la administración tributaria.
Como ejemplo podemos citar a sectores como el comercio de línea blanca y línea negra, donde la informalidad responde más a estrategias deliberadas de evasión que a consideraciones sobre el nivel de las alícuotas. Estos contribuyentes tienen prácticas que les permiten operar fuera del sistema tributario, independientemente de las tasas aplicables. Por tanto, la expectativa de que la reducción de alícuotas genere mayor formalización constituye una apuesta riesgosa con consecuencias fiscales inmediatas versus beneficios inciertos y de mediano plazo.
Los Efectos
La propuesta compartida por ambos candidatos de reducir las alícuotas del IVA del 13% al 10% y del IUE del 25% al 10% debe analizarse en el contexto de sus implicaciones fiscales, particularmente considerando el actual desequilibrio de las finanzas públicas.
Según datos de recaudación publicados por institucionales de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales, el sacrificio fiscal resultante de estas reducciones superaría los 8.000 millones de bolivianos anuales. Esta cifra representa una pérdida significativa de ingresos fiscales que, paradójicamente, aumentaría la presión sobre el balance fiscal que otras medidas pretenden equilibrar. La advertencia es clara: el efecto combinado de estas medidas podría resultar en un deterioro fiscal, comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas.
La teoría de política económica enfatiza la importancia de la consistencia temporal y la coherencia entre instrumentos. Las medidas propuestas presentan una inconsistencia temporal evidente: mientras se busca reducir el déficit eliminando subsidios, simultáneamente se propone reducir ingresos mediante menores alícuotas. Esta contradicción puede generar expectativas confusas en los agentes económicos y comprometer la credibilidad de la política fiscal.
Consideraciones sobre Secuencia y Temporalidad
La literatura sobre reformas económicas destaca la importancia crítica de la secuencia y temporalidad en la implementación de políticas. En el contexto boliviano, una estrategia coherente requeriría:
Primero, establecer una trayectoria sostenible de consolidación fiscal antes de considerar reducciones tributarias. La experiencia internacional sugiere que las reformas tributarias son más exitosas cuando se implementan desde posiciones fiscales sólidas.
Compensación social focalizada: Desarrollar mecanismos de compensación social antes de eliminar subsidios generalizados. Esto incluye sistemas de transferencias focalizadas que protejan a los sectores más vulnerables sin crear las distorsiones de los subsidios universales. Sin embargo, esto requiere el manejo y análisis de información precisa para focalizar correctamente los beneficiarios y determinar montos apropiados, lo que también implicaría mayores gastos fiscales. Adicionalmente, la experiencia internacional demuestra que estos sistemas de compensación requieren fortalecimiento institucional previo en los mecanismos de identificación, registro y distribución, capacidades que actualmente presentan limitaciones en el contexto boliviano y cuyo desarrollo demanda tiempo y recursos adicionales.
Tercero, fortalecer la administración tributaria y mejorar la cultura de cumplimiento como prerrequisitos para cualquier reforma del sistema impositivo. La reducción de alícuotas sin estas condiciones previas puede resultar contraproducente.
Política Económica Integral
El futuro gobierno debe reconocer que las medidas propuestas son técnicamente necesarias para restaurar la sostenibilidad fiscal, pero requieren una implementación cuidadosamente coordinada. Una estrategia efectiva requiere:
La eliminación de subsidios es imprescindible para la sostenibilidad fiscal, mientras que la necesidad de reducir alícuotas tributarias es cuestionable. De hecho, países de la región mantienen alícuotas de IVA similares o superiores a las bolivianas: Argentina (21%), Chile (19%), Colombia (19%), Perú (18%), Uruguay (22%), y Brasil con tasas que pueden alcanzar hasta 27% en algunos estados. Esto sugiere que el nivel actual de tributación en Bolivia (13% IVA) no constituye necesariamente un obstáculo para el desarrollo económico regional. La implementación simultánea de eliminación de subsidios y reducción de alícuotas genera efectos fiscales contraproducentes que pueden comprometer el objetivo de estabilización macroeconómica. Una secuencia más prudente priorizaría la eliminación gradual de subsidios antes de considerar cualquier reducción tributaria, evaluando primero los efectos sobre la recaudación y la estabilidad de precios.
Fortalecimiento institucional: Priorizar el desarrollo de capacidades en la administración tributaria y el mejoramiento del ambiente de negocios como bases para una mayor formalización económica. Esto potenciará los efectos positivos de la reducción de alícuotas sobre la base tributaria.
Política de incentivos coherente: Evitar la implementación simultánea de medidas que generen incentivos contradictorios en el corto plazo. Los beneficios tributarios, una vez otorgados, se perciben como derechos adquiridos cuya reversión genera costos políticos significativos.
Conclusión
Bolivia requiere un enfoque de política económica que reconozca tanto la necesidad urgente de corregir el déficit fiscal recurrente como la complejidad de implementar las medidas necesarias para lograrlo. El futuro gobierno enfrenta el desafío de implementar reformas que son técnicamente correctas y fiscalmente necesarias, pero que requieren coordinación cuidadosa para maximizar su efectividad.
El éxito de cualquier programa de estabilización fiscal dependerá, entre otras cosas, de la implementación coordinada de medidas que, aunque individualmente correctas, requieren una secuencia apropiada para evitar efectos contraproducentes.
