ECONOMÍAS DEL DESPOJO: LA LÓGICA CORPORATIVA QUE CONECTA GAZA Y LA AMAZONÍA

Aunque separados por miles de kilómetros y contextos históricos diferentes, los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí y los bosques de la Chiquitanía boliviana devastados por incendios recurrentes encarnan una misma lógica de devastación: un modelo político-económico que, bajo diferentes formas, prioriza la acumulación de capital por encima de la vida, los territorios y los pueblos. En Palestina, un informe de Naciones Unidas elaborado por la relatora Francesca Albanese —publicado el 30 de junio de 2025— advierte sobre la transformación de una “economía de ocupación” en una “economía de genocidio”, donde la lógica extractiva se impone mediante una violencia estructural sostenida. De forma análoga, en Bolivia, la activista Sara Crespo —en una entrevista que le realicé para el canal Resonancia, publicada el 15 de julio de 2025— denuncia cómo el agronegocio, enarbolando un discurso de desarrollo, avanza sobre territorios indígenas y ecosistemas, desplazando formas de vida sostenibles y erosionando las soberanías alimentarias locales.

Si bien las realidades no son equivalentes —en Gaza se perpetra un genocidio abierto y sistemático, mientras que en Bolivia se configura lo que podría llamarse un “genocidio verde” o silencioso— ambos casos evidencian una racionalidad compartida: una forma de colonialismo contemporáneo, ya sea militar o agroindustrial, que mercantiliza la tierra, invisibiliza a los pueblos y niega la posibilidad de futuros habitables. Se trata de expresiones distintas de una misma maquinaria global de desposesión.

Ambos escenarios, pese a sus diferencias, muestran cómo las grandes corporaciones, respaldadas por la complicidad, la permisividad o la pasividad de los Estados, y sostenidas ideológicamente por el tecnosolucionismo, imponen economías que destruyen. Son economías que sacrifican poblaciones concretas —los palestinos en Gaza, las comunidades indígenas y campesinas en Bolivia— en nombre del desarrollo económico global. En última instancia, esta lógica no sólo amenaza a estos pueblos, sino que compromete las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad.

La estrategia de fondo es la misma: desplazar para reemplazar. El informe de la ONU sobre Palestina detalla un ecosistema corporativo que se ha vuelto indispensable para la ocupación y la guerra.

Fabricantes de armas como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries y la estadounidense Lockheed Martin no solo equipan al ejército israelí, sino que utilizan los territorios ocupados como un “campo de pruebas” para sus tecnologías de vanguardia, que luego son comercializadas como “probadas en combate”. Gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft y Palantir proveen la infraestructura de inteligencia artificial y vigilancia (Proyecto Nimbus) que, según el informe, optimiza la maquinaria de guerra y el control de la población. A su vez, maquinaria pesada de empresas como Caterpillar es utilizada para demoler hogares, infraestructura vital e incluso para enterrar a palestinos heridos vivos, arrasando el paisaje para impedir el retorno de su gente.

En Bolivia, el desplazamiento es más paulatino, pero igualmente sistemático. Sara Crespo describe cómo el agronegocio utiliza los incendios y la deforestación para expandir la frontera de la soya y la ganadería. Este modelo, lejos de “alimentar al país” —Crespo señala que el 80% de la soya se exporta—, destruye los sistemas alimentarios locales. Los animales silvestres, al quedarse sin su hábitat, atacan los cultivos de maíz de las comunidades, forzando a los agricultores a abandonar su producción tradicional y nutritiva para consumir fideos y alimentos procesados comprados en tiendas. Es una sustitución cultural y nutricional que beneficia únicamente a los “agro negociantes” y a transnacionales como Bayer-Monsanto. Ambos modelos, el militarizado en Gaza y el extractivista en Bolivia, se basan en la premisa que la tierra debe ser vaciada para dar paso a una actividad económica más rentable para unos pocos.

La complicidad estatal y el velo de la legalidad

Este sistema no podría operar sin la anuencia de los gobiernos. El informe de la ONU es claro al señalar que los Estados tienen la obligación de regular a las corporaciones pero fallan en hacerlo. Peor aún, participan activamente. Bancos globales como BNP Paribas y Barclays han suscrito bonos del tesoro israelí, financiando directamente el presupuesto que sostiene la guerra, mientras que fondos de pensiones y de inversión como Blackrock y Vanguard son los mayores accionistas de las empresas armamentísticas y tecnológicas que alimentan el conflicto. Se trata de una “empresa criminal conjunta” donde los actores estatales y privados son co-dependientes.

Sara Crespo ofrece un testimonio similar desde Bolivia. Denuncia que la actual ley minera es “mucho peor” que la de gobiernos anteriores, neoliberales. Las consultas a las comunidades indígenas, un derecho consagrado internacionalmente, se han convertido en “menos que un trámite administrativo”, un proceso diseñado para validar proyectos extractivos sin importar la oposición local. Si la comunidad se opone tres veces, la decisión final la toma la autoridad minera, que previsiblemente aprueba el proyecto. De igual forma, el Estado boliviano no aplica normativas internacionales para controlar el uso de agroquímicos peligrosos, como los de la “docena sucia”, que están prohibidos en Europa y Estados Unidos, pero son los más baratos y, por tanto, los más usados por los pequeños agricultores en Bolivia. En ambos contextos, la ley no es un escudo para los vulnerables, sino una herramienta para legitimar el despojo.

La raíz del problema es un modelo global de crecimiento “infinito” que es fundamentalmente insostenible. Este paradigma, potenciado desde el desarrollismo de los años 70 y consolidado por las políticas neoliberales de Thatcher y Reagan en los 80, ha sido acelerado por sucesivas olas tecnológicas: la masificación de internet y la financiarización de la economía en los 90, el capitalismo de la vigilancia en los 2000 y, ahora, la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa.

Cada avance tecnológico, en lugar de resolver los problemas fundamentales, ha intensificado la necesidad de energía y recursos, consolidando el poder de las corporaciones. La IA, lejos de ser una solución etérea, requiere una infraestructura física masiva —centros de datos que consumen cantidades ingentes de energía eléctrica y agua—, lo que a su vez impulsa la demanda de combustibles fósiles y la minería. El tecnosolucionismo se presenta como la respuesta a todos nuestros males, pero, como advierte Sara Crespo sobre los transgénicos, es una falsa promesa: “Para todos los problemas, la respuesta son los transgénicos, y eso no es así, porque en realidad son un problema”. El modelo necesita vender soluciones para seguir creciendo, sin importar si estas soluciones profundizan las crisis.

¿Tecnosolucionismo o Tecnofeudalismo?

La trayectoria actual no apunta a una utopía tecnológica, sino a un posible tecnofeudalismo. Es un futuro donde la riqueza y el poder no solo se concentran en quienes poseen los medios de producción, sino en un puñado de corporaciones que controlan la infraestructura tecnológica y digital, así como, los datos y los algoritmos que median nuestra realidad. Esto implica un retroceso drástico en derechos humanos y ambientales, donde la “ley del más fuerte” se impone sin contrapesos.

Los cimientos de este futuro ya son visibles. El informe de Francesca Albanese muestra cómo empresas como Palantir se han vuelto socios estratégicos del Ministerio de Defensa de Israel, difuminando la línea entre el poder corporativo y el estatal. En Bolivia, Sara Crespo describe cómo las corporaciones controlan las semillas y el discurso político, actuando como un poder fáctico que dicta las políticas nacionales. Este modelo nos conduce hacia nuevas formas de control y dependencia, una servidumbre moderna donde la supervivencia depende de la voluntad de feudos corporativos.

En distintos rincones del planeta, voces valientes desafían las narrativas oficiales que justifican la destrucción en nombre del progreso o la seguridad. Estas figuras, al exponer cómo ciertos modelos de poder operan a costa del bienestar humano y ambiental, a menudo se vuelven polarizantes.

En el contexto boliviano, y ante las próximas elecciones presidenciales, Sara Crespo advierte que los candidatos insisten en promover el “modelo de desarrollo cruceño” como una falsa solución a los problemas energéticos y alimentarios. Según Crespo, está demostrado que los transgénicos no resuelven las necesidades alimentarias del país. Asimismo, la producción de biocombustibles es contraproducente, ya que consume más combustibles fósiles de los que genera, lo que obliga al Estado a importar más diésel para la maquinaria de los agroindustriales. De este modo, los únicos beneficiados son estos grandes productores, que venden el bioetanol a YPFB para la producción de gasolina (de baja calidad).

Esta lógica, donde un sistema supuestamente beneficioso enriquece a unos pocos mientras degrada el bien común, resuena a escala global. En el complejo escenario de Medio Oriente, una confrontación similar es encarnada por Francesca Albanese, quien por su postura se ha convertido en una figura que no deja a nadie indiferente. Para algunos, es descrita como una activista antisemita que odia a Israel, mientras que, para otros, como los defensores de la causa palestina, es una defensora de los derechos humanos. Esta división de opiniones es tal que Estados Unidos considera que merece ser sancionada, mientras que el sitio de peticiones Avaaz.org la ha postulado para el Premio Nobel de la Paz, todo a raíz de su denuncia firme y directa de los crímenes cometidos en Gaza.

Frente a este panorama, donde tanto la explotación de recursos en Bolivia como la guerra en Gaza son sostenidas por intereses económicos, la solución no puede ser meramente tecnológica. Sara Crespo apunta a la necesidad de “rehumanizar” la economía, de reconectarnos como ciudadanos y consumidores para exigir un cambio. Tanto su lucha local como la denuncia internacional nos obligan a reconocer una verdad incómoda: el sistema actual no está fallando, está funcionando exactamente como fue diseñado, y su costo se mide en vidas humanas y en la salud del planeta.