El futuro de la Renta Dignidad ¿Dónde queda su sostenibilidad?
Los sistemas públicos de micropensiones juegan un papel importante en los países en desarrollo, aún más en países como Bolivia, donde prevalecen altos niveles de pobreza y un gran número de personas trabaja en el sector informal de la economía. Sobre la base del principio de universalidad de la protección, las micropensiones públicas se han vuelto cruciales para apoyar y ayudar a los ancianos.
Diversos gobiernos están dando prioridad a este tipo de planes de pensiones universales debido a que su población pertenece al mercado informal, principalmente en países en desarrollo como Bolivia. Bolivia es el país más pobre de América del Sur, pero la implementación de la micropensión pública ha tenido una gran cobertura según algunos estudios del Banco Mundial, siendo una de las más altas de la región. Este logro es el resultado de la política de muchos gobiernos en Bolivia desde 1997, que garantiza una pensión básica a todas las personas mayores de 60 años.
Los ingresos para financiar este programa provienen de diferentes fuentes, como las utilidades de las empresas públicas nacionalizadas, que fueron las empresas públicas privatizadas durante la década de los 90, y los impuestos a los hidrocarburos desde el 2006. Esta cifra la convierte en una de las transferencias más importantes en la región para el gasto en pensiones de asistencia social.
Ciertamente, la creación de este programa de transferencia de efectivo, es una historia de éxito en términos de altos niveles de cobertura y gastos relacionados con el PIB. Sin embargo, el gobierno boliviano no ha diseñado una política para hacerlo sostenible. Hoy en día, la micropensión pública -Renta Dignidad- se financia principalmente con impuestos a los hidrocarburos, que dependen en gran medida de un factor externo; los precios internacionales del petróleo; que determinan el precio contractual del gas natural que Bolivia exporta a Brasil y Argentina. También se financia con los escasos beneficios de las empresas privatizadas (que no fueron nacionalizadas).
La sostenibilidad de Renta Dignidad es crucial porque muchas personas dependen de este ingreso no solo los ancianos sino también los niños o incluso familias completas (Martínez, 2005). Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de este tema, no hay estudios sobre cómo hacer sostenible la Renta Dignidad.
El impacto de las micropensiones públicas en Bolivia
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Aproximadamente el 39.3% de la población estimada en 10,56 millones de personas (2014) vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, la incidencia de la pobreza es más aguda en las áreas rurales (Informe del Banco Mundial, 2015). En cuanto a su posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), alcanzó el lugar 118 a nivel mundial en 2015. Estos indicadores revelan que Bolivia es uno de los países de América Latina con el nivel más bajo de progreso económico y social.
Sin embargo, ser el país más pobre del hemisferio sur no impidió que Bolivia se convirtiera en el primer país de la región en proporcionar una pensión a todos sus ciudadanos adultos, independientemente de sus ingresos o participación en la fuerza de trabajo remunerada, formal o informal. Ningún país en América Latina y el Caribe ha replicado este logro extraordinario (Willmore, 2006).
Las micropensiones públicas en Bolivia comenzaron, desde 1997 con el Bonosol I, Bolivida, Bonosol II y Renta Dignidad. Han evolucionado a través de diversos métodos de cálculo y distribución junto con diferentes gobiernos.
Las micropensiones públicas implementadas en Bolivia de 1997 a 2016, representaron un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad no solo entre las personas mayores, que son el objetivo principal de estos programas, sino también de sus familias. La transferencia de dinero a personas mayores representó un gran cambio en la calidad de vida de toda la familia. Ha generado mejoras en la asistencia e inscripción en la educación infantil, la reducción de niños dentro del mercado laboral, el aumento en el consumo de alimentos, principalmente en los niños, el aumento de los gastos médicos en los adultos, y así sucesivamente.
Por su parte, la Renta Dignidad, contribuyó con el 9.4% de los ingresos mensuales del hogar aproximadamente y, por lo tanto, tuvo un impacto significativo en la demanda del consumidor interno (Pardo, 2010). De acuerdo con Escobar et al. (2013), el impacto de la Renta Dignidad significa un aumento en el ingreso per cápita entre 16.4% y 20.7%, mayormente en las áreas rurales. En cuanto al consumo per cápita, muestra un aumento del 15.4% en las zonas rurales y del 22.7% en las zonas urbanas. La Renta Dignidad tuvo un impacto en la reducción de la pobreza de 13.5% entre los hogares con personas adultos mayores.
Con referencia al impacto sobre el trabajo infantil y la educación, Escobar et al. (2013), identificaron que los niños que viven en hogares que reciben la pensión tienen menos probabilidades de estar trabajando y más probabilidades de estar inscritos. La correlación entre estos dos resultados sugiere que en cuanto mayor seguridad de los ingresos de los hogares que reciben Renta Dignidad, se reduce la presión sobre los niños para que trabajen, y centran así la libertad de asistir a la escuela.
Sostenibilidad de las micropensiones públicas en Bolivia
Desde la implementación de la micropensión pública en Bolivia, el nivel de sostenibilidad presentó obstáculos. En el caso del Bonosol, el financiamiento no fue suficiente (ventas de acciones de las empresas capitalizadas) para financiar el programa y una forma de hacerlo sostenible fue a través de la reducción del Bonosol (Wilmore, 2006). El gobierno de esa época era consciente de este problema. Otros autores como Valdez-Prieto (2007) mencionan que los pagos de Bonosol no eran confiables y estaban dominados por un riesgo político que podría llevar a la eliminación o reducción del Bonosol en el futuro cercano, lo que podría ser un revés significativo.
Del mismo modo, Gamboa (2006) pensó que el Bonosol era insostenible cuando comenzó en 1997 debido a que el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) no podía pagar USD 94 millones porque el número de personas excedía la estimación del gobierno. Debido a esto, el gobierno tuvo que pedir un crédito de USD 48 millones del sistema bancario nacional. El restante (USD 45 millones) fue pagado por dividendos originados en las empresas capitalizadas que formaban el FCC. Por estas razones, el gobierno de la época tuvo que suspender los pagos del Bonosol de 1998 a 2000, principalmente debido a su insostenibilidad financiera causada por una subestimación del número de beneficiarios (Werner et al., 2015). Asimismo, Gamboa (2006) considera que también era insostenible debido a la baja rentabilidad de las empresas capitalizadas. Para tener sostenibilidad, el Bonosol debería haberse ajustado a los niveles y/o dimensiones apropiados de las variables involucradas en su estimación.
En el caso del Bolivida, el presidente de la época, Hugo Banzer Suárez, detuvo el Bonosol porque lo censuró como insostenible (Muller, 2016). Trató de hacer que el Bolivida sea sostenible en lugar de buscar beneficios políticos. Sin embargo, los intentos fueron inútiles porque ganó su enfermedad y este programa no se consolidó.
Respecto a la micropensión actual, la Renta Dignidad, ambas fuentes, el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas, son insostenibles a largo plazo, pues el IDH depende de los precios internacionales y si estos caen, la Renta Dignidad también lo hace. Por su parte, los dividendos de las empresas públicas nacionalizadas (antes capitalizadas), dependen del buen comportamiento del mercado, si el mercado cae, sus ingresos también lo hacen. Ambos ingresos son inestables y, en el peor de los casos, insostenibles.
Esto presenta una perspectiva sombría para la próxima generación de ancianos en Bolivia y sugiere claramente que la pobreza en la vejez continuará siendo un desafío de la política pública. El gobierno debe tener en cuenta que la micropensión pública en Bolivia, Renta Dignidad, es la única fuente de ingresos para la gran mayoría de los ancianos. Por esta razón, es trascendental contar con un financiamiento adecuado y sostenible para alcanzar el objetivo final de reducción de la pobreza. Este puede provenir de una mejor administración financiera de las reservas internacionales en oro y la formación de un fondo de estabilización con mejores condiciones financieras que actualmente recibe esta forma de mantener reservas.
