Las opiniones de J.A. Morales
En últimas opiniones expresadas por el prestigioso colega Juan Antonio Morales, en este mismo medio en fechas 22 de octubre y 11 de noviembre, hay varios temas que deben ser contrapuestos con argumentos y matices en varios aspectos que él afirma.
Morales sostiene que “El déficit de 2020 fue sumamente elevado debido a la pandemia, pero se esperaba una corrección sustancial una vez que ella está siendo contenida y que la economía está recuperando su normalidad”. Me pregunto cómo se puede dar esa “corrección sustancial”. El gobierno trata de corregir el déficit, por ejemplo, con el cobro de impuestos utilizando una intimidación exagerada e imponiendo hace meses austeridad con una drástica reducción de los sueldos de los funcionarios del gobierno central. Posiblemente en contra de sus propios designios para impulsar el crecimiento, no llegará a cumplir las metas de inversión pública, aunque esto, irónicamente, ayuda a un menor déficit. Los repetidos comentarios acerca del déficit fiscal que Morales hace parecen que han sido más que escuchados por el gobierno antes que él los enuncie. También me pregunto si efectivamente existe una recuperación de la normalidad con un crecimiento que coloca a Bolivia en el sexto lugar de América del Sur y con proyecciones que auguran la necesidad de más de un quinquenio para recuperar el ingreso per cápita de 2018. Es verdad, no está “sucediendo” la corrección del déficit. Ya me imagino la suerte de la mayoría de los bolivianos si efectivamente se corrigiera.
Lo que acontece en los sectores económicos es de una lenta recuperación o de ahondamiento de su crisis. La construcción muestra ciertas tasas positivas como lo hace la manufactura de drásticas caídas desde 2019 y están lejos de alcanzar las cifras de producción de hace tres años. Lo propio, o peor, acontece con el comercio, y la variedad de actividades vinculadas al turismo que genera empleo que se aproximaba a 500 mil puestos y ahora no son ni la mitad de esa cifra. Ciertamente, existe una capacidad ociosa en el aparato productivo nacional donde la excepción es la agricultura.
Insisto que Bolivia debe continuar aumentando su déficit fiscal. Muchos, y J.A. Morales se encuentra entre ellos, advierten de una inflación si se supera los límites de la solvencia presupuestaria. En una situación como la actual, donde la inflación no muestra su despreciable cabeza, hay que indagar cuáles son esos límites. Por cierto, si el déficit crece sin ninguna acción que propicie la cooperación internacional, la moneda nacional en manos del público puede agudizar la crisis al dirigirse a demandar los escasos dólares que se mantienen en las reservas internacionales en divisas. Por eso, es imprescindible gestionar mayores niveles de deuda internacional y asumir acciones en pro de la condonación de la deuda actual y mejora de sus términos para países como Bolivia. Aconsejo la lectura del trabajo de Richard Samans, Director de investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado: “Financiamiento COVID-19 centrado en el ser humano, recuperación y acción climática decisiva en todo el mundo. El momento de la verdad de la cooperación internacional en el siglo XXI”, quien explica las oportunidades y la apertura que en esta coyuntura presentan los organismos internacionales a partir de las iniciativas del FMI, para otorgar financiamiento en condiciones blandas para países como Bolivia.
No creo que los organismos internacionales faciliten los 33 mil millones de dólares que hipotéticamente necesitaría el plan de desarrollo económico y social 2021-2025 planteado por el gobierno. Se hace cuesta arriba conseguir algún apoyo si se insiste en los términos que ese plan está concebido. Su reformulación dirigida a mejorar las condiciones de producción de lo que Bolivia efectivamente produce o puede producir en cada región del país, hace altamente probable financiar una real recuperación de la economía nacional. Es, a la vez, el camino para sostener el tipo de cambio fijo. La devaluación, desataría la inflación que sería desastrosa para la mayoría empobrecida de este país. Y si los organismos internacionales quieren verdaderamente mejorar las condiciones de esos sectores deben respaldar la moneda boliviana y un nuevo sendero en el patrón de acumulación de esta economía.
viernes, 22 de octubre de 2021 · 05:10
A la buena noticia del rebote del PIB para este año le acompaña una menos buena, el alto déficit del gobierno general, no solamente para el 2021, estimado en 9.2% del PIB, sino que según proyecciones del FMI se mantendría por encima del 6% aún después del 2025. Si se considera el Sector Público No Financiero (SPNF) el déficit sería todavía mayor. El déficit de 2020 fue sumamente elevado debido a la pandemia, pero se esperaba una corrección sustancial una vez que ella está siendo contenida y que la economía está recuperando su normalidad. Esto no está sucediendo.
A fines del 2019, precediendo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, apareció, sin mucha aceptación en los círculos académicos, la llamada Teoría Monetaria Moderna (TMM). Según la TMM los déficit fiscales para restaurar el nivel de actividad de la economía no importan porque pueden ser financiados colocando deuda a tasas bajas y porque también, y esto es muy importante, pueden ser financiados “imprimiendo dinero”, es decir con crédito al sector público por los bancos centrales. Tanto la deuda con bonos como con emisión monetaria son pasivos del sector público, la primera devengando intereses y la segunda no devengándolos (o con intereses muy bajos). Según esta teoría mientras haya capacidad instalada ociosa y altos niveles de desempleo, ni el déficit fiscal ni la monetización de ese déficit tendrían efectos inflacionarios.
Como en todo, hay verdades a medias en las proposiciones anteriores. El excesivo énfasis en mantener un bajo déficit fiscal no tiene una buena justificación. Siempre he criticado esta posición de los calificadores de riesgo. Los proponentes de la TMM tienen razón en argüir que la analogía con las finanzas familiares, de no gastar más de lo que se recibe es forzada, porque los gobiernos tienen más medios a su disposición que las familias. Con todo, los gobiernos tienen que respetar su presupuesto intertemporal, es decir no violar su solvencia, lo que quiere decir que si incurren ahora en un déficit, que es financiado colocando deuda, en el futuro tendrán que lograr superávit para pagar esa deuda más sus intereses.
Si los gobiernos acumulan mucha deuda pueden perder el acceso a los mercados financieros o conseguir financiamiento en términos cada vez más caros, lo que les hace ganar tiempo pero les agrava su situación. Puede llegar el momento en el que el único financiamiento que les queda es el monetario. Este financiamiento tiene empero riesgos, dependiendo de las circunstancias y contexto de cada país. El público, percibiendo que hay una emisión excesiva, puede temer que ella se traduzca en mayor inflación. Entonces reducirá su demanda de dinero nacional, cambiándolo tan pronto lo recibe por bienes o dólares, lo que puede desencadenar la inflación.
En los países industrializados que emiten una moneda que es empleada para los pagos internacionales (privilegio exorbitante que tiene el dólar, como decía el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing) la demanda por ella se mantendrá, aún si está perdiendo poder adquisitivo. Pero para los países cuya moneda no es una moneda internacional, el peligro está en que una emisión excesiva se vuelque a monedas fuertes, haciéndoles perder reservas internacionales, presionando a sus tipos de cambio y, en última instancia, empujando a la inflación.
Aún en los países industrializados y con monedas fuertes, expansiones fiscales y monetarias excesivas originan grandes riesgos, como lo están haciendo notar economistas tan prestigiosos como O. Blanchard, L. Summers y N. Roubini.
En nuestro país, que hemos sufrido una hiperinflación, la TMM que está encandilando a algunas de las autoridades monetarias, haría peligrar nuestra estabilidad. No hay que olvidar que la hiperinflación se originó en prolongados desajustes fiscales, financiados con deuda externa. Cuando cambió la política monetaria americana – el efecto Volcker-Reagan – se cerró el acceso al financiamiento internacional aún para refinanciar créditos. Al no poder colocar más deuda, al gobierno no le quedó otra que recurrir al financiamiento monetario que produjo el descalabro de la hiperinflación.
jueves, 11 de noviembre de 2021 · 05:11
El gobierno viene de anunciar y hacer aprobar por las dos cámaras de la ALP el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES). Se lo presenta como un desprendimiento de la muy estatista Agenda Patriótica 2025.
Son incontables los planes y estrategias de desarrollo desde el Plan Bohan de 1943. Muy pocas veces sus metas se cumplieron. Fuera del Plan Bohan, fue mucho más realista y con relativo mayor grado de cumplimiento el Plan de Todos, que era la oferta electoral de Sánchez de Lozada en 1993.
Si bien el cumplimiento de las metas de la mayoría de los planes se quedaba muy por debajo de las expectativas, ellos tenían el mérito de proveer una visión prospectiva del país y de ordenar las ideas con relación a las inversiones públicas. Si el PDES impusiera algo de disciplina a las actuales caóticas inversiones públicas sería un gran logro.
En estos tiempos en los que no se cuenta con los recursos fiscales de la bonanza exportadora y que hay que apretarse los cinturones es crucial ser muy selectivo en las inversiones públicas. En especial, es importante contar con un tamiz para las empresas públicas y que se queden solamente las que son rentables o tienen buenas perspectivas de rentabilidad económica y social.
Quisiéramos saber dónde el gobierno va a encontrar los más de treinta y tres mil millones de dólares para financiar el PDES. Ese monto sería tres veces la actual deuda pública externa. No creo que las Instituciones Financieras Internacionales abran la bolsa en esos montos. Con mayor razón no lo harán los mercados privados de capital. Hasta ahora el gobierno no ha podido colocar los tres mil millones de USD a los que aspira. Tampoco se tendrá financiamiento con recursos propios porque el déficit ya está por encima del 9% del PIB y las proyecciones son que no bajará del 6% hasta el 2026. Un Plan de Desarrollo sin financiamiento es una ensalada sin sal o, peor, un mero ejercicio en futilidad. Quisiéramos saber también cómo se logrará la industrialización con sustitución de importaciones con un tipo de cambio sobrevaluado y un contrabando floreciente.
Es la inversión privada la que debería tomar el relevo de los megaproyectos previstos en el PDES. Idealmente ella compensaría los recortes deseables de inversión pública. Para que esto suceda la inversión privada tiene que sentirse bienvenida y segura, con reglas de juego claras y estables, con un poder judicial que haga cumplir los derechos de propiedad y los contratos. Idealmente también la inversión pública debe servir de catalizadora de la inversión privada y las dos deben complementarse. No creo que el PDES le esté dando importancia a la inversión privada. Es, una vez más, demasiado estatista.
Por otra parte, el país ha cambiado mucho desde los primeros ejercicios de planificación. Está mucho más descentralizado, con gobernaciones y gobiernos municipales más empoderados (perdón por el neologismo) en consonancia con la tendencia mundial. Estas instancias subnacionales están más cerca de la gente que un capitalino Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Se necesitará más imaginación y más esfuerzo para recaudar localmente los recursos y no depender tanto de las transferencias desde el gobierno central. Es en las instancias locales que la ciudadanía puede constatar que sus impuestos están bien empleados y se sentirá más dispuesta a pagarlos.
