Hacia un programa económico alternativo
Marx (1867) creía que el paso al socialismo -eliminar la propiedad privada de los medios de producción- sería algo históricamente necesario porque gracias a la división social del trabajo generada por el capitalismo, la producción era cada vez más social así como su distribución; y las relaciones de producción capitalistas llegarían a ser un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas dando paso al socialismo (propiedad social de los medios de producción).
Marx falló en sus predicciones, no llegaron a cumplirse, esto es atribuible a diversos factores, uno de ellos y probablemente el más importante sea el instinto del “homo economicus” que al preocuparse en generar riqueza para sí mismo, consigue generar riqueza para la sociedad en general. Si tomamos esto como premisa, surgen algunas interrogantes: ¿Cómo distribuimos la riqueza generada? ¿Es necesario hacer una distribución de la riqueza o debemos dejar que el sistema premie a quienes son “merecedores? ¿Es posible un crecimiento con equidad o la equidad se logra mediante otros?. La libertad económica plena existe solamente en la teoría, de la misma manera en que las ideas de Marx se encuentran netamente en el plano teórico.
LA EXPERIENCIA EN BOLIVIA
Entre 1952 y 1985 estuvo en vigencia un programa similar al del MAS, éste tuvo su auge en los años 70 gracias al aumento de precios del estaño (hasta llegar al doble), del petróleo (entre 1973 y 1974, al cuádruple) y el abundante crédito fácil (los “petrodólares”). Este programa entró en crisis a fines de esta década. Entre las causas se encuentran las inversiones públicas, sobre todo aquellas en empresas que no eran rentables.
La consecuencia de estas décadas fue que en los años 80, el pueblo pagó la deuda a través de contracción económica y alta inflación -la “década perdida”. Debido a los ajustes en las empresas públicas a partir de 1985, decenas de miles de supernumerarios fueron echados de las empresas mineras, las empresas manufactureras y los “bancos de desarrollo” tuvieron que ser liquidados, y en 1993 se empezaron a capitalizar a las empresas públicas de hidrocarburos, ferrocarriles y comunicaciones subastando el 49% de su propiedad.
Las transnacionales interesadas pusieron como condición tener el 51% y se les aceptó, no obstante, las capitalizadoras que controlaban las empresas eludieron impuestos sobre utilidades -a través de sobreprecios en subcontratos con subsidiarias-. La elusión de impuestos ocasionó una crisis política el año 2004 que determinó el cambio del sistema impositivo, de impuestos sobre las utilidades a impuestos sobre las ventas, es el caso del IDH.
EXPLICACIÓN DE NUESTRO ATRASO
El homo economicus perdurará… es un instinto. A. Smith descubrió (1776) que si se “dejaba hacer (fabricar), se dejaba pasar (comerciar)”, gracias a la competencia el comportamiento egoísta conduciría, paradójicamente, a que todos estuvieran mejor. Pero Douglass North, Premio Nobel 1993, determinó que para que la competencia económica beneficie a todos no hay una “mano invisible” sino que son imprescindibles limitaciones sociales al “homo economicus”. Dentro de estas limitaciones se tiene a las instituciones, que son normas y mecanismos de cumplimiento informales y formales.
El Estado colonial español implantó la institución feudal de la prebenda, cargo público como premio a la fidelidad al Rey para darle su parte a éste y en beneficio propio todo lo que pudiera, ejemplo el Corregidor. Con la Independencia se cambiaron las instituciones formales pero la prebenda se mantiene vigente informalmente, la manera más fácil de progresar es usar el poder, no el trabajo y la creatividad. Todo ello dentro de patrimonialismo, según Weber que es el uso del poder público para fines privados y cuyos instrumentos son la prebenda, el clientelismo y los contratos a “empresas amigas”.
Los cargos en el Estado y en las empresas públicas, son utilizados primordialmente para asegurar fidelidad política. Entre el 2005 y 2015, se multiplicó el personal en el sector público de 40 mil en 2005 a 124 mil en 2015 (sin incluir “consultores” = personal con contrato anual) (MEFP). Del mismo modo, el Presidente usurpa competencias subnacionales con fines proselitistas, tales como “Evo Cumple” o “Mi Agua”. Todo ello resulta en una asignación ineficiente de recursos, menores beneficios sociales y mayores costos sociales.
Por otro lado, se tienen indicadores económicos preocupantes como el déficit fiscal que aumentó desde 3.4% en 2014 hasta 7.8% del PIB en 2017. Un creciente endeudamiento externo que conlleva a una nueva crisis económica que será pagada por todos los asalariados a través de alta inflación.
La causa fundamental del atraso de Bolivia son las instituciones “extractivas” heredadas de la Colonia y aún vigentes informalmente. Instituciones extractivas que benefician sólo a una parte de la población, típicas en países tras un prolongado colonialismo. La abundancia de recursos naturales estimula la persistencia de las instituciones extractivas, y ambas orientan la economía para obtener lo más posible de la renta de estos recursos, lo que genera la dependencia, atraso, grandes desigualdades y altísimos costos ambientales.
LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA ECONÓMICO ALTERNATIVO
El crecimiento sostenible con creciente empleo de calidad es el objetivo que debe seguir Bolivia. Lo fundamental es un cambio institucional que busque progresar económicamente a través del trabajo y la creatividad respetando el medio ambiente Para ello se deben seguir tres lineamientos fundamentales: reforma institucional, crecimiento sostenible con empleo de calidad y desarrollo del conocimiento.
Una reforma institucional se presentará únicamente gracias a la contratación transparente en el sector público y a la aplicación rigurosa de procedimientos de evaluación y asignación de proyectos. Se deberá fortalecer el empleo público a través de remuneraciones adecuadas, procedimientos meritocráticos y sanciones ejemplificadores en casos de corrupción.
Será necesario aplicar un estricto cumplimiento de la igualdad de derechos y obligaciones, un riguroso respeto a las competencias y una autonomía efectiva de los gobiernos subnacionales: tributos propios y transferencias de libre disponibilidad subsidiarias respecto a las decisiones locales.
En términos generales, la economía deberá regular y estimular los emprendimientos privados; garantizar derechos de propiedad, incluida la intelectual; facilitar apertura, funcionamiento y cierre de empresas.
Las reformas del órgano judicial y de la policía, estarán a cargo de expertos independientes, a fin de sancionar efectivamente el incumplimiento de leyes y otras regulaciones tanto por funcionarios del Estado como privados y también para facilitar el cumplimiento de contratos resolviendo eficazmente los conflictos entre privados y entre éstos y el Estado.
Respecto al financiamiento del Estado, las rentas que generen los recursos naturales no renovables se destinarán a un fondo para subvencionar el desarrollo de recursos humanos, se costeará el gasto público exclusivamente con ingresos tributarios: impuestos y contribuciones; y la inversión en general se financiará primordialmente con ahorro interno evitando el endeudamiento externo.
Crecimiento sostenible con empleo de calidad Lo decisivo para “la riqueza de las naciones” no es el trabajo (Smith), ni el capital (la inversión), ni los recursos naturales (la “maldición”) sino la tecnología, considerada como la aplicación del conocimiento.
La dirección técnica estará a cargo de equipos tecnocráticos estables integrados por profesionales de alto nivel adecuadamente remunerados, particularmente los destinados a planificación de la industrialización, aspecto crítico para el crecimiento a largo plazo (Kohli A. 2004; Ahluwalia et al. 2008)
El desarrollo de conocimiento, deberá generarse a través de la importación de conocimientos en función al retorno de profesionales exitosos internacionalmente; de la otorgación de becas en universidades con compromiso de retorno, y finalmente según Jorge López y Jalasofts, de la disposición de contratos de trabajo en empresas privadas y en el sector público.
En síntesis, lo decisivo es la reforma institucional, ello requiere no sólo de un consenso nacional sino de profesionales comprometidos y actores políticos decididos a renunciar a los privilegios tradicionales y a las consecuencias que de ellos deviene. Los resultados de la propuesta no serían inmediatos pero habría un crecimiento sostenible y prolongado, con creación de empleo de calidad que finalmente alcanzaría a toda la población.
