EL VALOR DE UNA PEGA SE ACERCA A LA DENIGRACIÓN DEL CIUDADANO

En Bolivia tener un empleo que a uno le permita un salario mes a mes, es un privilegio o un hecho especial del que gozan ciertas personas. Los privilegios causan una prerrogativa que es obtener tal remuneración. Lo cierto es que un salario regular alcanza a un grupo minoritario de la población económicamente activa (PEA). En determinadas y pocas circunstancias se puede afirmar que esa remuneración es meritoriamente obtenida y no, necesariamente, puede ser calificada de privilegio. Pero, por el hecho de ser un grupo reducido el que tiene un salario formal en esta sociedad, se hace difícil verlo de otro modo.

Los habitantes urbanos de esta sociedad buscan un empleo con gran avidez que en incontables ocasiones los colocan en posiciones vergonzosas hasta vejatorias de su dignidad. Esto ocurre particularmente en las instituciones estatales y es un comportamiento de tan vieja data como la Colonia. Lo que quiere decir que si verdaderamente se quisiera descolonizar a esta sociedad, habría que luchar en contra de la práctica del peguismo o de la empleomanía: dar un puesto de empleo o un lugar en un escritorio sin considerar si lo que se produce lo justifica. Esto exige además que el “empleado” asuma una actitud servil y reverencia ante los jerarcas de turno.

Se cuenta la historia que durante la Colonia cuando cualquier miembro de jerarquía derivada del virreinato, como un magistrado de la Audiencia de Charcas o un simple Corregidor, salía a la calle, persona que se cruzaba con él debería engrosar el séquito que lo seguía por todas partes hasta que terminaba sus diligencias. Aquel que no se unía podía caer en desgracia y perder los favores del pretensioso jerarca. Hoy no hay sequitos, pero sí muchos obligados lamebotas.

No es tarea simple emprender la lucha dirigida a eliminar la empleomanía, particularmente en una economía que no crea suficientes empleos dignos de llamarse tales. Incluso aquellas ocupaciones que otorgan un salario, en muchas ocasiones, son meros disfraces de un empleo que deba ser retribuido.  En más de una coyuntura histórica del país identificarse con una sigla política o un caudillo o una autoridad en particular resulta en una pega fortuita. Esta puede durar un largo tiempo o unos cuantos meses. Es cuestión de la fatalidad para llegar en el momento más apropiado, o de un oportunismo desarrollado sobre la base de la experiencia en la búsqueda de los padrinos propicios, para así tener una pega en el aparato estatal y mantenerla por más de una gestión partidaria. No es por convicción que se buscan pegas en el aparato estatal; la necesidad de sobrevivir es más poderosa.

Muchas voces se levantan para expresar su profundo desacuerdo y bronca con esa conducta que hace que las planillas salariales de las instituciones estatales se inflen escandalosamente. Pero, de nuevo ¿cómo se pueden generar ingresos para una clase media, con mucha o poca educación, que no encuentra una economía que genuina y permanentemente cree empleos dignos? Y por cierto, esta situación crea un círculo vicioso en los que, a lo largo de la historia del país, buscan ostentar puestos de poder. Son los ciudadanos que llenan esas planillas que gritarán vítores para que el candidato parezca popular. Lo importante es y ha sido la pega, el salario mensual, que compra manifestaciones de apoyo, aunque no logra convicciones y, muchas veces, más bien el desagrado con uno mismo por estar en esa penosa situación.

La informalidad en Bolivia no es un mito, es el resultado natural de la falta de una industria pujante que produzca grandes volúmenes de productos para que se vendan en grandes mercados capitalistas. En Bolivia apenas existe un mercado que, por sí solo, aliente la producción masiva de un elevado número de productos que, a su vez, impulse ascendentes y renovadas actividades productivas para que ese mercado continúe en una permanente expansión.

El porcentaje de la informalidad en Bolivia, entre 2019 y 2020, llegó a 84,9%, seguida de Guatemala (79%) y El Salvador (69%), según cifras de la OIT. Bolivia siguió en ese primer lugar de América Latina en 2021, cuando alcanzó el 82,8%. La pequeña reducción entre un período y otro es casi intrascendente al momento de meditar en los nuevos puestos de trabajo que se necesitan para salir de ese estancamiento regular de la ausencia de trabajos formales en la economía boliviana.

Lo que una pega formal vale en Bolivia supera el deseo de bajar las abultadas planillas estatales. Es cierto sería ideal que estas bajen, como también lo sería que la informalidad disminuya drásticamente. Esto solo se puede lograr en la medida que se creen industrias y que éstas cuenten con grandes mercados. No interesa que sean empresas privadas, públicas o mixtas. Lo que importa es que sean productivas, se administren transparentemente y respondan a la necesidad imperiosa de crear empleos. Empleos que no coloquen a gran parte de la clase media y trabajadora a merced de los gobiernos de turno y de la dádiva política que logra apoyo al conceder pegas.