2018: Una Transición Institucional Inesperada en el Perú
Con el resultado de las elecciones generales de 2016, las perspectivas políticas del Perú eran preocupantes. Por primera vez desde el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992), el ejecutivo peruano no lograría articular una mayoría parlamentaria. No es que los gobiernos peruanos entre 1992 y 2016 hayan contado con mayorías absolutas en el Congreso, por el contrario, casi todos obtuvieron la primera minoría en el Parlamento. Sin embargo, fueron capaces de establecer alianzas informales entre sus bancadas congresales y otros grupos políticos afines.
El antecedente del primer gobierno de Alberto Fujimori, a su vez, era particularmente desalentador: como sabemos, el 5 de abril de 1992, el ex presidente dio un golpe de estado contra el Congreso peruano bajo el argumento que la clase política tradicional no le dejaba aprobar normas para estabilizar la quebrada economía peruana y derrotar a los grupos armados de extrema izquierda. 24 años antes, los militares dieron un golpe de Estado contra un gobierno minoritario en el Congreso. ¿Podría repetirse la “maldición” del gobierno minoritario que acaba en golpe de Estado? ¿El actual gobierno tendría la capacidad de dialogar y convencer al fujimorismo (la fuerza mayoritaria del Congreso) para apoyar a su gobierno?
A poco tiempo de jurar para el cargo, fue claro que no habría una alianza informal para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernaría desde el 28 de julio de 2016 al 28 de julio de 2021. Había derrotado por menos del 1% de los votos a la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, en su segundo intento por alcanzar la presidencia (anteriormente había perdido frente a Ollanta Humala en 2011). La candidata del fujimorismo asumió su segunda derrota como parte de un complot del gobierno saliente, el sector del empresariado nacional y la prensa contra ella. Desde la proclamación de Kuczynski como presidente, la oposición fujimorista -digirida por Keiko- dejó en claro que aplicaría su plan de gobierno desde el Congreso y que el ejecutivo peruano tendría que negociar cada una de las medidas que quiera aprobar con su grupo parlamentario.
En ese contexto, los analistas preveían un gobierno débil, a merced del fujimorismo, lo que podría representar un retroceso en términos de equilibrio de poderes (con un Congreso marcando la agenda política del Ejecutivo de forma desmedida) y, a su vez, en la lucha contra la corrupción (a mediados de 2016 ya existían serias sospechas sobre cómo el fujimorismo había financiado sus campañas electorales de 2011 y 2016). A pesar del crecimiento económico sostenido de la economía peruana desde 2006, el país sigue teniendo instituciones débiles, particularmente en su sistema de justicia, el Congreso y los gobiernos subnacionales.
Pedro Pablo Kuczynski siguió una táctica disuasoria con el fujimorismo, lo que llevó a otorgarle el indulto a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, entre otras concesiones. Este acercamiento, no obstante, debilitó la cercanía del gobierno con sectores liberales y de izquierda que le apoyaron en la segunda vuelta de 2016. Y el fujimorismo, contrario a los deseos de Kuczynski, recibió las ofrendas sin otorgar contrapartidas. Es así que en marzo de 2018, cuando se hizo público que el presidente había mentido sobre sus vínculos con la empresa brasilera Odebrecht, el fujimorismo y la izquierda en el Congreso peruano fácilmente lograron conformar una mayoría calificada para sacarle del cargo. La inminencia de esta vacancia llevó a Kuczynski a renunciar. Esta vez bajo los márgenes constitucionales, y sin intervención militar, la maldición del gobierno minoritario apareció una vez más en la historia peruana.
Siguiendo la sucesión constitucional, Martín Vizcarra asumió la presidencia con el beneplácito del fujimorismo y el temor desde sectores liberales y de izquierda de que el presidente continúe la senda de colaboración con Keiko Fujimori. Nadie hubiese esperado, en el gobierno de Vizcarra, que Perú se embarque en reformas políticas y judiciales, reclamadas por organizaciones internacionales y la academia.
Sin duda, el presidente explotó a su favor varias coyunturas. La principal: los escándalos de corrupción que sacudieron la política peruana desde fines de 2016, cuando los directivos de Odebrecht empezaron a revelar el sistema de sobornos que rigió en el Perú. Al hartazgo de la opinión pública tras revelarse los dineros presuntamente recibidos por los ex presidentes Toledo (2001-2006), García (2006-2011), Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018), además de los recibidos por Keiko Fujimori y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, se sumó la revelación de un entramado de corrupción masivo en la judicatura peruana. El presidente Vizcarra hizo suya la agenda de reforma política y judicial, que incluyó la aprobación -entre otras medidas- de la prohibición de la financiación privada de las campañas electorales y por el establecimiento de concurso público para la elección de jueces.
En segundo lugar, en términos políticos, el presidente apostó por la confrontación con el fujimorismo, apuesta que le ha dado buenos resultados. El fujimorismo empezó a debilitarse temprano en 2016 tras la escisión entre los hermanos Fujimori, Keiko y Kenji. Kenji -electo dos veces parlamentario- es una figura popular en el Perú. Mientras Keiko buscaba confrontar con el gobierno de Kuczynski y aparcar el tema del indulto a su padre, Kenji buscaba negociar con Kuczynski el otorgamiento del indulto a cambio de facilidades políticas en el Congreso. Kenji Fujimori ha logrado articular a un sector crítico dentro del fujimorismo, que considera que la líder del fujimorismo se ha distanciado del pragmatismo que tradicionalmente ha caracterizado al partido.
Una segunda debilidad del fujimorismo se dio a propósito del avance de las investigaciones a la trama de corrupción creada por Odebrecht en el Perú. La fiscalía ha podido acumular más evidencia de cómo Odebrecht entregó dinero a la campaña de Keiko Fujimori en 2011 a través de intermediarios (políticos cercanos a Keiko Fujimori) que posteriormente repartieron el monto entre falsos aportantes. Los ataques de los líderes fujimoristas al equipo de fiscales que estudian el caso, llevó a que en octubre de 2018, la lideresa del fujimorismo fuera detenida de forma preliminar por utilizar su poder político desde el Congreso para obstaculizar la labor de los fiscales. El aislamiento de Keiko Fujimori, a su vez, ha llevado al distanciamiento de más congresistas de su bancada parlamentaria: la más notoria, la del actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry. En ese contexto, la figura de Vizcarra ha logrado acumular niveles de popularidad que no se veían en el Perú desde hace más de dos décadas. Sumándose a las demandas de erradicar la corrupción y aprovechando los cismas dentro del fujimorismo, Vizcarra personalmente tiene una enorme popularidad. Esto es paradójico teniendo en cuenta que casi no cuenta con una bancada en el Congreso (sus congresistas apenas superan la decena) y que él personalmente no fue elegido Presidente. El 2019 será el año en que Vizcarra tendrá que implementar su agenda de reformas institucionales: particularmente la conformación de nuevo consejo para la elección de jueces y fiscales, y una muy posible declaratoria de reestructuración de la fiscalía del Perú, cuyo jefe es acusado por miembros de su propia institución de pertenecer a una organización criminal.
