¿CÓMO LE FUE AL SISTEMA DE PENSIONES EN 2025?

Una ejemplar práctica instaurada en los años anteriores es la que obliga a los servidores públicos a rendir cuentas sobre las actividades y los recursos a su cargo. Hace algunas semanas se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Las cifras y el análisis cualitativo presentados dan una perspectiva del desempeño del sistema de pensiones en cinco dimensiones: a) monto de los fondos, b) rendimientos, c) indicadores financieros de la empresa, d) beneficios para los jubilados, y e) el papel del patrimonio autónomo.

Los fondos continúan creciendo

El valor de los fondos —agrupando el de aporte previsional, vejez, solidario y riesgos— alcanzó más de 200 mil millones de Bolivianos al 31 de diciembre de 2025, frente a los 165 mil millones que entregaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en mayo de 2023. Un crecimiento equivalente a 5.334 millones de dólares, es decir, un aumento del 22% en dos años y siete meses.

Lo ideal sería que gran parte de estos fondos hubieran estado denominados en dólares, porque así se ofrecería cobertura ante una eventual devaluación. Sin embargo, no es sencillo de implementar en las condiciones que prevalecen en Bolivia que enfrenta una escasez crónica de divisas y pretender que los fondos se dolaricen por simple acto de los buenos deseos y voluntad resulta inviable.

Lo que sí es factible es aumentar la participación en dólares y en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).

Los rendimientos han aumentado, aunque no cubren la inflación

El rendimiento de la cartera ha mejorado. En mayo de 2023, las AFP generaban una ganancia del 2,81% para los fondos; ese rendimiento ha subido al 4,5%. Desde la transición de las AFP a la entidad estatal, los rendimientos han aumentado de manera consistente. Esto obedece a dos razones: a) un “viento de cola” favorable, dado que la política monetaria de la administración de Luis Arce intentó reducir la oferta monetaria para aliviar la presión sobre la compra de dólares, lo que llevó naturalmente a un incremento de las tasas de interés; y b) una mayor capacidad de negociación de la Gestora. A diferencia de lo que se suele creer, la capacidad de las AFP para enfrentarse al Gobierno era restringida —de ahí que asombrosamente invirtieron en bonos del Tesoro a un plazo de 100 años—. Al tratarse de la Gestora Pública es más fácil poner resistencia a las solicitudes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así, las tasas que pagaba el Tesoro General de la Nación subieron del 4% al 8%, se logró que el Estado emitiera bonos con cláusulas de mantenimiento de valor y se incorporaron instrumentos denominados en UFV.

No debe olvidarse que la inflación en 2025 fue de 20,24% (de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística), ello quiere decir que el rendimiento no ha permitido obtener incrementos reales. Sin embargo, esta es una situación macroeconómica que debe atacarse por dos frentes: a) una política económica que reduzca la tasa de inflación y b) diversificación de las inversiones orientadas a lograr activos en el extranjero.   

La Gestora, una empresa pública, es financieramente eficiente

En 2025, la Gestora, como empresa, obtuvo una utilidad neta de 119 millones de Bolivianos. Si bien este resultado es algo menor al registrado en 2024 (Bs 135 millones), demuestra que la entidad es eficiente al tener ingresos que superan a sus gastos. En la misma línea, el patrimonio de la empresa pública creció un 46%, al pasar de Bs 283 millones a Bs 413 millones. En términos de indicadores financieros, la Rentabilidad sobre Activos (ROA) fue del 18,86%, lo que significa que por cada 100 Bolivianos invertidos en activos se generaron más de 18 Bolivianos en utilidades.

Asimismo, la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) alcanzó el 28,93%. Nuevamente, por cada Bs 100 de patrimonio, la empresa generó Bs 29 en utilidades. Estos indicadores son altamente encomiables y, sin duda, envidiables para cualquier empresa, pública o privada. En consecuencia, los aspectos señalados permiten afirmar que: a) la Gestora no requiere ningún apoyo del Tesoro General de la Nación para su funcionamiento; y b) se demuestra en la práctica que una empresa estatal puede ser eficiente, siempre que cuente con un buen diseño institucional y una administración transparente, y cuya gestión priorice los criterios técnicos.

Los jubilados recibieron un incremento histórico, aunque no todos

Conforme a los datos presentados en la audiencia de rendición de cuentas, el número de jubilados alcanzó los 250.189. Si se mantiene la proporción de jubilados que perciben la pensión solidaria, un 69%, se estima que 172.630 jubilados recibieron un incremento del 18% desde enero de 2026 en su fracción solidaria. Este ajuste es automático en virtud del Decreto Supremo N° 1570 (01/05/2013), cuyo artículo 3° dispone que “la Fracción Solidaria deberá ser actualizada una vez al año en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda — UFV”. Este mecanismo protege el poder adquisitivo de la pensión, vincula el sistema a la inflación y evita que la fracción solidaria quede congelada.

Por su parte, la Compensación de Cotizaciones —mecanismo de reconocimiento de los aportes realizados antes de 1997— también se ajusta conforme a la variación de la UFV, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 065.

Sin embargo, una pensión típica está compuesta por la Fracción de Saldo Acumulado (FSA), que corresponde a la cuota parte de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral más los rendimientos generados por las inversiones; la mencionada fracción solidaria; y la compensación de cotizaciones. Como se ha señalado, estas dos últimas se ajustan conforme a la variación de la UFV, pero la FSA no sigue ese criterio: varía según el rendimiento obtenido en la gestión y la tasa de mortalidad de los jubilados. Esto ha significado que este componente de la pensión haya disminuido en un 1,68%.

Existe un grupo de jubilados que percibe únicamente la FSA—fundamentalmente porque aún se encuentran trabajando—, quienes han visto reducidas sus pensiones. En una futura reforma previsional es indispensable corregir esta distorsión. Aunque, es digno apuntar a que, en el corto plazo, podría explorarse un mecanismo que permita aumentar la pensión proveniente del FSA con la utilización del fondo de rezagos. Esto es posible y depende de una decisión política.

El patrimonio autónomo debe preservarse

Un aspecto relevante de la rendición de cuentas de la Gestora fue el énfasis que otorgó a la vigencia del patrimonio autónomo, (administración de los fondos del SIP). Como bien señala la entidad: “Los fondos del SIP son recursos separados de la entidad administradora. Su único destino es la inversión para generar rendimientos y financiar las pensiones”. Este punto es central, pues queda claro que los fondos no forman parte del patrimonio del Estado, sino que pertenecen —de manera limitada— a los asegurados. Es importante comprender ese límite: los recursos no son de libre disponibilidad; es decir, un asegurado no puede retirarlos a su voluntad. Los recursos del patrimonio autónomo deben destinarse a la inversión —conforme a lo establecido por la Ley y sus reglamentos— y, una vez capitalizados, al pago de pensiones.

Esta figura jurídica es de vital importancia, pues otorga una protección frente a la posible utilización discrecional de los fondos por parte del Estado. Si bien los fondos invierten en bonos del Tesoro General de la Nación, estos generan una obligación de pagar el capital y los intereses, aspecto que se ha cumplido puntualmente desde la creación del sistema.

En resumen, 2025 arrojó un buen desempeño en cuanto a la administración de los fondos y un comportamiento positivo por parte del administrador público de las pensiones de los bolivianos. Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero los resultados son alentadores para la Gestora, una de las empresas estatales más grandes de Bolivia.

(*) Ex Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo