La guerra sucia del BCB contra las criptomonedas

El Estado boliviano tiene todo el derecho de no admitir el uso de criptoactivos en el sistema financiero, pero algo inusual y anecdótico ha sucedido en los últimos días, han emprendido una campaña mediática, que podría calificarse tranquilamente como una guerra sucia, en contra de los criptoactivos, criptomonedas o criptodivisas. 

Criptomonedas y blockchain

Antes que nada, debe entenderse qué son los criptoactivos. La definición funcional del dinero nos indica que dinero es aquello que hace las funciones de dinero, en ese sentido, los criptoactivos funcionan como dinero, pero en el mundo virtual. Es decir, una persona puede comprar y vender productos con criptomonedas, y también se puede ahorrar en criptoactivos, con la esperanza que su valor suba, y así obtener ganancias. La principal diferencia entre las monedas “oficiales” y las criptomonedas es que estas últimas no están avaladas por un Banco Central. En el mundo existen cientos de criptomonedas, la más conocida es Bitcoin, que empezó a circular en 2009, pero también existen Ethereum, Litecoin, Theter, Cardano, XRP, entre otros. Son más de mil criptomonedas que se pueden encontrar en el mercado y que siguen apareciendo. 

El uso de la tecnología blockchain o cadena de bloques, es la principal fortaleza de los criptoactivos. Una blockchain en términos simples es una base de datos distribuida, donde cada transacción que se realiza, se almacena en diferentes nodos, lo que le otorga descentralización, seguridad y transparencia. Esta tecnología es tan potente que varios países la utilizan para registros públicos, como ser titulación de tierras, expediente médicos y académicos, en la identidad digital de las personas, por mencionar solo algunos ejemplos. Incluso el Estado boliviano también utiliza esta tecnología, desde el 2018, para el Registro de orden cronológico e integridad de datos y documentos digitales del Estado, y más exitosamente en la aplicación de la Ley N° 1173 de Abreviación Penal.

La guerra sucia contra las criptomonedas

El mundo de las criptomonedas es gigantesco, pero estos dos elementos nos permitirán percatarnos de la guerra sucia emprendida por el Estado contra los criptoactivos. Para ello analizaremos los “argumentos” que han difundido el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) a través de sus redes sociales oficiales.

Un primer “argumento” que indica el MEFP es que los criptoactivos no se pueden cambiar por dinero real. Esto es falso, los criptoactivos en cualquier momento se pueden cambiar por dinero real en alguna casa de cambio de criptoactivos, es más, se pueden cambiar entre diferentes tipos de criptomonedas. Ejemplo, los Bitcoin se pueden cambiar a dólares, o cambiar por Ethereum, y viceversa.

Otro “argumento” lanzado por el Estado es que las criptomonedas no cuentan con un respaldo. En parte es cierto, pero sí existen criptomonedas que se encuentras respaldadas con activos físicos, un ejemplo es Theter, donde cada token (léase moneda) de Tether equivale a un dólar.

La tercera afirmación lanzada contra los criptoactivos, por ambas entidades, es que sus transacciones no son reversibles. Por la naturaleza de la tecnología blockchain no se pueden eliminar los registros de las transacciones realizadas, pero nada impide que se pueda registrar otra transacción para devolver el dinero. Es más, esta tecnología permite establecer “contratos inteligentes”. Ejemplo, si uno adquiere un curso virtual, la plataforma por lo general ofrece la opción de devolver lo pagado si uno cancela la suscripción antes de un tiempo determinado; en esa situación, y haciendo uso de criptomonedas, se puede establecer un contrato digital para que la plataforma devuelva automáticamente el monto pagado al usuario, en caso de que este así lo desee, y sin necesidad de comunicarse con personal de soporte o realizar algún proceso burocrático.

El Estado boliviano también ha afirmado que las transacciones realizadas con criptodivisas no son rastreables y que son anónimas. Primero, estas transacciones sí son rastreables, como se ha indicado, todas las transacciones que se registran en la blockchain no se pueden eliminar. Segundo, una de las ventajas, en mi opinión personal, de las criptomonedas es el respeto a la privacidad. En la blockchain no se registra el objeto de la transacción, como sí sucede con las entidades financieras. Los bancos almacenan todas nuestras compras en su base de datos, y el Estado, con una orden judicial, puede acceder a esta información y violar nuestra privacidad. 

Otro punto esgrimido contra las criptomonedas es que su valor está sujeto a alta especulación. Esta afirmación depende del tipo de criptomoneda del cual se hable, existen algunas que son más volátiles (Bitcoin), mientras que otras son más estables (Ether). En todo caso, depende del usuario en qué desea invertir su dinero, y si es más propenso al riesgo o no.

Finalmente, existen otros “argumentos” que carecen de seriedad. Se indica que las personas podrían ser víctimas de fraudes y estafas, pero esto más bien depende de la educación financiera de las personas. Además, se señaló que las criptomonedas, por lo general, se utilizan en lavado de dinero y actividades ilícitas. Debe recordarse que las estafas piramidales, el narcotráfico y contrabando, existieron mucho antes que las criptomonedas, establecer una relación directa entre estas actividades y los criptoactivos no es correcto, y tampoco justo.

Como se ha observado, varias de las afirmaciones realizadas por el BCB y el MEFP son verdades a medias, y algunas ni siquiera son ciertas. Por esta razón es que calificamos como guerra sucia a esta campaña mediática emprendida. Si el Estado quiere desincentivar el uso de las criptomonedas, está en su derecho, pero debería realizarse con argumentos más sólidos, y mejor fundamentados. 

Pero en realidad uno de los temas de fondo, en el debate entre utilizar o no criptomonedas, es la centralización y el poder que el Estado ostenta y quiere seguir manteniendo, contra las tecnologías descentralizadas que le arrebatan ese poder al Estado y se lo otorgan a los usuarios.